De cara al nuevo curso político quisiera, en nombre del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, compartir unas reflexiones sobre el tema de la vivienda. Estas propuestas constituyen el paquete de medidas que el COAPI trasladará en breve a la consejera Vidal.

La actividad inmobiliaria, junto a la construcción, supone un 20 % de nuestro PIB, segundo sector tras el turismo, con un 40 % del PIB. La venta de viviendas en 2022 alcanzó 19.006 compras por un total de 7.546 millones, más que el presupuesto del Govern para 2023.

Pese a que la subida del Euribor lastra las compras, con una caída del 16 % en 2023, el mercado sigue muy caliente, con unos precios que han subido un 72 % en 10 años, según el INE, un grave problema para los residentes, con un salario medio que se ha revalorizado un 12 % en ese tiempo.

Es por ello que acceder a una vivienda sea hoy uno de los principales problemas de los ciudadanos de las islas: es necesario que los poderes públicos se impliquen y, por encima de sus diferencias, lleguen a acuerdos.

Ante la subida sostenida de precios, fruto del aumento demográfico, debemos plantear alternativas centradas en dar respuesta a los residentes. No hay que obviar el interés que genera el producto local en el extranjero, así como la proliferación de intermediarios foráneos que actúan desde las islas, centrados en mercados con mayor capacidad económica. Como confirman los economistas, un aumento en el segmento de lujo produce un efecto de arrastre en el resto de segmentos, incluida la vivienda asequible. Limitar la compra a no residentes no es viable jurídicamente, y este Colegio defiende el libre mercado, pero lo cierto es que la entrada masiva de compradores de otras nacionalidades con un alto poder adquisitivo ha afectado a los precios. Ante esta realidad, se deben diseñar soluciones que garanticen el acceso a la vivienda a los residentes. El mecanismo existente es la vivienda de protección oficial: sería deseable un plan político que asegure una actuación colaborativa entre distintos municipios, y con un horizonte temporal duradero.

No me refiero aquí solo a la VPO pública que construye el IBAVI, sino a la VPO privada, destinada tanto a alquiler como a compra, y que lleva años paralizada, y debería ser la prioridad del nuevo Govern. El declive de la construcción de VPO se produjo al desaparecer las ayudas, tanto a promotores como a compradores, con ayudas finalistas no reembolsables y financiación subvencionada.

Además deben plantearse medidas urbanísticas para fomentar su construcción, como mayores reservas de suelo en nuevos desarrollos urbanísticos, o parámetros específicos, como el cambio de densidades para VPO, y que podría completarse con otras modificaciones, como el aumento de alturas o de edificabilidad.

Lo que no es una opción es flexibilizar el urbanismo y potenciar la construcción sin garantizar que se genere VPO, pública y privada, para las familias de Baleares. El Govern deber promover esta colaboración, procurando que se construya suficiente VPO en venta y en alquiler, para contrarrestar los precios del mercado libre, debido a la tendencia actual de construir viviendas de lujo, no adaptadas a las necesidades ni al presupuesto de las familias baleares.

Potenciar, además, la rehabilitación de vivienda usada es una asignatura pendiente que podría aumentar la oferta de alquiler.

Trasladaremos además al Govern la necesidad de que se regule nuestra profesión para proteger a la ciudadanía, apostando por una norma que exija seguros, una dirección física, formación continua, transparencia, información completa y adecuada, para garantizar así una atención de calidad. No se entiende que un sector tan importante y necesario esté liberalizado y desregularizado, permitiendo que en muchos casos las operaciones de compraventa estén en manos de oportunistas sin cualificación ni garantías, que incluso no conocen ninguna de las lenguas cooficiales, lo que provoca problemas, como vemos en Ibiza, además de desproteger al consumidor en una de las decisiones más importantes de su vida: adquirir su hogar.

Desde el COAPI ofrecemos nuestro conocimiento profesional, con datos reales de mercado, contrastados, para constituir, con el apoyo de la Administración, un Observatorio de Vivienda. Para diseñar políticas públicas de vivienda acertadas es imprescindible contar con datos y experiencia fiables del mercado balear: obtener esta información debería ser prioritario para la Consejería de Vivienda.

El Colegio API Baleares con más de 220 profesionales y 75 años de historia, es la entidad más representativa y exigente del sector, y, como tal, la principal conocedora de la realidad inmobiliaria. Como corporación de Derecho Público ponemos nuestros medios y conocimientos al servicio de la sociedad y del Govern para colaborar en el diseño de soluciones efectivas a la falta de vivienda asequible para las familias de las islas.

José Miguel Artieda Ferragut

Diario de Mallorca